Arranca la negociación del salario mínimo en medio del debate de la Ley de Financiamiento, la fragilidad política del Gobierno y el ejemplo de las protestas en el continente, que podría reflejarse en el paro nacional del 21 de noviembre. Viene un debate complejo.
El país está a punto de comenzar una de las discusiones tradicionales de fin de año en materia económica. Se trata de la definición del reajuste del salario mínimo para 2020.
Esta historia se repite cada año en esta época: a la mesa de concertación laboral, los empresarios llegarán con propuestas de ajustes cercanos a la inflación más puntos adicionales por productividad. Mientras tanto, los sindicatos pedirán un aumento próximo al doble dígito. Al final, el Gobierno impulsará una cifra intermedia para que el ajuste quede por encima de la inflación y propenderá por que las partes se pongan de acuerdo para no tener que expedirlo por decreto.
Sin embargo, en las actuales circunstancias la discusión será más compleja de lo previsto, tendrá profundas tensiones y estará enmarcada en un escenario muy complicado.
¿Por qué? Va a tener lugar en medio de un tsunami político y social en Colombia y la región. El Gobierno no pasa por su mejor momento, tiene poco margen de maniobra y una gran debilidad política. La Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento, lo que obligó al Ejecutivo a presentar de nuevo la aprobada hace casi un año y a aplazar su agenda legislativa. A ello se sumó la crisis desatada por la renuncia del Ministro de Defensa por el bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc, donde murieron varios menores de edad. Y ya algunos hablan de un ajuste ministerial para ganar gobernabilidad. Como si fuera poco, el partido oficialista sufrió una estruendosa derrota en las elecciones regionales de octubre.
Pero no solo esta compleja mezcla preocupa. La región vive una profunda agitación social en varios países que tienen en común el descontento por el aumento de la desigualdad. Ha detonado las protestas el incumplimiento en las expectativas y aspiraciones en materia de salud, educación, trabajo e incluso pensiones de una población que ha salido de la pobreza para acceder a la clase media. Incluso Chile, paradigma y ejemplo a seguir en América Latina, vive hoy unas de sus horas más aciagas.
Así, el paro nacional programado en Colombia para el 21 de noviembre podría convertirse en el caldo de cultivo que refleje esas protestas sociales en el campo local.
Colombia vive hoy una paradoja: tendrá para este año uno de los mejores crecimientos económicos de la región, superior a 3%, cuando América Latina apenas crecerá 0,2% en promedio. Sin embargo, la tasa de desempleo nacional lleva ya varios meses en doble dígito y no ha cedido.
Aún sin comenzar, las tensiones en torno al salario mínimo ya son evidentes. “No estamos de acuerdo con disminuir el salario mínimo. Si a mí me toca hacer esto, renuncio”, afirmó la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en el marco de la instalación de la Mesa sobre Empleo Público realizada la semana anterior. La cita muestra el nerviosismo en el ambiente, pues ningún Ministro en la historia reciente había planteado siquiera esa posibilidad en una negociación del salario mínimo.
La tensión también ha crecido por propuestas de gremios económicos. Estas van desde flexibilizar el contrato laboral de los jóvenes de entre 18 y 25 años hasta adoptar una reforma laboral que ajuste el mínimo por regiones o sectores y facilite las condiciones de contratación.
Eso ha servido de argumento para quienes dirigen las protestas. Pero ni el Gobierno va tramitar esa última propuesta, ni mucho menos va a reducir el salario mínimo.
Más allá de la polémica, el debate es clave porque impacta las cuentas fiscales. En efecto, muchas de las pensiones, uno de los principales rubros del Presupuesto Nacional, corresponden al salario mínimo. Y, por otro lado, esta cifra sirve de referencia en otros aumentos laborales.
La discusión también medirá cómo van las propuestas económicas (incluidas las reformas pensional y laboral) frente a la economía política. Ya los movimientos y partidos, después de la jornada electoral regional, empiezan a alistar sus discursos y propuestas para las elecciones de 2022.
Entorno enrarecido
El paro del 21 de noviembre podría replicar en Colombia las protestas del resto del continente. Esto preocupa mucho al Gobierno en especial porque, a su juicio, la iniciativa surge de hipótesis y no de hechos reales.
“Nosotros respetamos la protesta social. Pero nos preocupa que se trate de un paro basado en informaciones inexactas. Dicen que vamos a acabar Colpensiones, falso; que vamos a aumentar la edad en pensiones, falso; que aumentaremos las cotizaciones, falso. No sé de dónde han salido esas versiones”, dijo la ministra Arango.
Y agregó: “Con respecto a la reforma laboral, (han dicho) que vamos a bajar el salario mínimo, falso; que no vamos a respetar los derechos adquiridos, falso. Hay muchas ideas sobre la mesa, pero todas esas reformas pasan por la mesa de concertación laboral, un sitio tripartito en donde estamos representados todos y que lo que salga de allí se pasará al Congreso. No hay nada aprobado. No hay una sola letra escrita de la reforma pensional o de la laboral”, puntualizó.
En medio de este complicado escenario arranca la discusión del salario mínimo, que en los últimos dos años ha arrojado aumentos altos. Como recuerda un participante en la mesa de hace un par de años, en medio de un apretón fiscal los empresarios estuvieron más cerca de la propuesta de los sindicatos, incluso por encima de la del Gobierno. Y el año pasado hubo un aumento del salario mínimo de 6%, que dadas las circunstancias será muy difícil rebajar.
No hay discusión en cuanto a que el país tiene una realidad laboral compleja. La tasa de desempleo ha gravitado durante los últimos meses en niveles cercanos a 10,9%, es decir, históricamente altos. Con varios agravantes: menos gente busca trabajo y la generación de empleo permanece estancada. Esto significa que la economía no solo no absorbe la nueva mano de obra, sino que incluso en algunos meses ha habido “destrucción” de puestos de trabajo.
Ante esto los empresarios empezaron a hablar de la necesidad de una reforma laboral que flexibilice las condiciones de contratación y despido de los trabajadores. Según Fenalco, hay que establecer el salario mínimo por regiones o sectores, revaluar los altos costos de los recargos dominicales y festivos o modificar el concepto de semana laboral. “Es necesario también revisar los altos costos de contratación, periodo de prueba, cuota de aprendices Sena, incapacidades médicas y costos de despido, entre otros”, afirma el gremio de los comerciantes.
También han desatado gran polémica otras propuestas, como la de Anif, de pagar un salario diferencial de 75% del mínimo a los jóvenes para fomentar su ingreso al mundo laboral. Asimismo, la decisión del Gobierno de reglamentar los esquemas de contratación por horas para responder a las nuevas realidades del mercado laboral y a empresas tipo “Rappi”, o las plataformas de transporte.
En el Legislativo también han surgido iniciativas que algunos han calificado de populistas. Una, del senador Álvaro Uribe, propone crear una prima de 7 días de salario en 2020, de 8 días en 2021 y en 2022 de 15 días, para trabajadores de hasta tres salarios mínimos en los sectores público y privado.
Uribe también propuso reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, argumentando que esto incentivaría la productividad, sin reducir los salarios ni las obligaciones a favor de los trabajadores. El representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, ha planteado una jornada laboral máxima de 36 horas semanales, a la que se llegaría al disminuir gradualmente dos horas por año. Esas iniciativas buscarían distensionar el ambiente social y anticiparse a la agenda de la izquierda.
La reforma pensional también plantea un elemento de tensión. Inicialmente el Gobierno iba a presentarla a final de este año. Pero la aplazó para el entrante, ante la necesidad de volver a llevar al Congreso una reforma tributaria, luego de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento.
Como señaló la ministra Arango, no han presentado proyectos en firme. Pero temas como el laboral y pensional han calentado el ambiente. Y como ya ha quedado claro en otros países de la región, la pradera puede encenderse con cualquier chispa. Por eso, la importancia de la discusión sobre todos estos temas.
América Latina en su historia reciente ha proyectado la imagen de tener una de las economías emergentes más dinámicas, impulsada por sus recursos naturales y el crecimiento de los precios de los commodities. Estos le permitieron incorporar mayores programas sociales a sus estrategias de inclusión, pero, sobre todo, aumentar la clase media. Y, con ello, generar un mayor consumo reflejado, en principio, en un mayor crecimiento.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente. Otros emergentes, como los asiáticos, tienen un crecimiento mucho más dinámico e incluyente. Según un estudio de McKinsey, mientras otros crecieron a tasas superiores a 4% a lo largo de esta década, América Latina lo hizo apenas a 2,8%. La desigualdad por estos lados se mantiene, esa brecha no se cierra y el futuro se oscurece porque los jóvenes tienen cada vez menos oportunidades.
¿Culpable o inocente?
En el contexto colombiano, el debate del salario mínimo suscita distintas visiones. Para unos es una decisión administrativa que no consulta en la mayoría de las negociaciones lo que le pasa a la productividad, y este factor debería gobernar el aumento. Para otros, el salario mínimo representa, paradójicamente, uno de los factores que aumentan el desempleo.
“Cuando sube el salario mínimo se corre la barra de la formalidad y no por aumentarlo más gente se lo empieza a ganar. Al contrario, es muy posible que más personas comiencen a caer por debajo de él, hasta la informalidad”, dice un experto que prefirió mantener su nombre en reserva.
Para esta fuente y otras consultadas por Dinero, los aumentos de los últimos años en el salario mínimo, con un muy bajo o casi nulo impacto de la productividad, han impulsado el desempleo estructural en Colombia. Por esa razón, no importa que la economía crezca más que hace un par de años. De hecho, el aumento del salario mínimo de 6% del año pasado, que equivale a 3% real, fue “excesivo” para algunos analistas.
Sin embargo, la ministra Arango no comparte esa visión. Afirma que el Gobierno no considera que el salario mínimo sea muy alto ni que cause los altos niveles de desempleo.
Además, hay un factor coyuntural: la Ley de Financiamiento que tumbó la Corte Constitucional buscaba darles beneficios a las empresas en su carga tributaria a partir del año entrante, con el objetivo de generar una mayor dinámica en la economía y contratar más empleados. Ahora, llega de nuevo al Congreso.
El debate de la nueva reforma tributaria va a coincidir con la del salario mínimo y será un punto de tensión. Por una parte, todo indica que no va a ser un simple trámite de la anterior, pues ya comienzan a surgir nuevas propuestas de los congresistas. Por el otro, los trabajadores no estarán dispuestos a aceptar un aumento de menos del 6% que lograron el año pasado. Con todos esos componentes será difícil alcanzar una solución negociada. En los últimos 20 años solo ha habido acuerdo en seis oportunidades.
¿Qué tanto importa el mínimo?
Con tan poco capital político, el Gobierno tendrá que hacer un gran esfuerzo para lograr el equilibrio.
Los trabajadores insisten en que hay que incrementar los salarios para incentivar el consumo de los hogares y dinamizar la demanda de la economía. Además, consideran que un aumento justo fomenta la equidad.
Algunos empresarios consideran que un incremento salarial exagerado agravaría la situación de desempleo. Y, además, terminaría convertido en inflación.
Según Sergio Clavijo, presidente de Anif, el incremento salarial no debería desbordar 4,5% para 2020, resultante de esperar una inflación de 3,5% y unas ganancias en productividad no superiores a 1%. Con esta “regla universal”, el salario mínimo pasaría de $828.116 actual a $865.381 en 2020.
Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), “el sector financiero no tiene autoridad moral ante sus millonarias ganancias y esta fórmula está bastante trasnochada”. Si los sindicatos vuelven a proponer un aumento de 10%, significaría un mínimo alrededor de $910.928 mensuales.
Muchos se preguntan por qué hay una discusión por tan pocos pesos –la diferencia entre las dos posturas no será de más de $45.000 mensuales o $1.500 diarios– y qué tan relevante resulta hoy la negociación del mínimo.
Muy pocos empleados oficiales reciben el salario mínimo, pero el ajuste sirve de referente para los cerca de 1,2 millones de trabajadores del Estado que hay en el país, según cifras del Departamento Administrativo de la Función Pública. Por eso, genera un gran impacto sobre el gasto público y, por esta vía, el crecimiento económico. Además, tiene otro impacto fiscal vía pensiones, ya que más de la mitad de ellas, que están en Colpensiones, corresponden a salarios mínimos.
La pregunta es si el incremento del mínimo es realmente un referente para el aumento del resto de salarios de la economía. Y todo indica que cada vez es menor y que la discusión tiene relevancia principalmente para el sector público.
Alrededor de 44% de los colombianos que están en la informalidad ganan hoy menos que el salario mínimo. Un decreto no hará que comiencen a ganar por encima de este valor. La informalidad laboral se ha reducido en los últimos años, pero aún permanece en niveles elevados y cercanos a 58% y 64%, dependiendo de quien lo mida.
Además, para el sector privado formal el alza del mínimo no es un referente obligatorio, excepto para quienes ganan exactamente dicho salario. “El reajuste anual de salarios no es procedente cuando el monto devengado supera el salario mínimo mensual legal vigente”, afirmó la Corte Suprema de Justicia en sentencia 56518 del 9 de abril de 2019.
De hecho, según datos de Human Capital, una firma especializada en temas salariales y de compensación, durante los últimos años, las empresas han aumentado sus salarios en promedio por debajo del salario mínimo (ver gráfico).
En 2019, dos terceras partes de las grandes compañías del sector privado aumentaron sus sueldos con la inflación. Mientras tanto, solo 24% hicieron un ajuste salarial igual al del mínimo.
Y al parecer el año entrante va a suceder algo similar. En la Encuesta de Salarios y Tendencias en Gestión Humana Total Rewards 2020, de Human Capital, participan más de 700 empresas en 15 sectores y más de 650 cargos registrados. De ellas, 16% de las empresas no aumentarán los salarios o lo harán por debajo de la inflación. 44% aplicará ese indicador y 17% hará un incremento superior al de la canasta familiar, pero inferior al mínimo. Solo 23% de las compañías planea aumentar lo que diga el aumento del salario mínimo legal vigente.
Para los empresarios es un costo, pero para los trabajadores es su ingreso principal. En otras palabras, lo que cuesta contratar un empleado no es lo mismo que recibe este. Por ejemplo, si el salario mínimo este año alcanza $859.000 (con auxilio de transporte), al empleador le cuesta alrededor de $1,3 millones. Esto es, casi 0,5 veces más, debido a los pagos para pensión, salud, ARL y cajas de compensación, entre otros factores. Aquí puede radicar el problema de los consensos. Cada parte piensa en cosas distintas y lo ven como una negociación de suma cero, un juego de ganadores y perdedores (ver tabla).
Por esto empresarios y muchos analistas insisten en seguir disminuyendo los costos asociados a la contratación formal. Para eso han propuesto revisar temas como el 4% asignado a las Cajas de Compensación Familiar, entre otros temas.
Sin embargo, para los trabajadores hablar de flexibilización laboral solo significa reducir los costos de despido. Además, afirman que no funcionó la ley 1607 de 2012 que redujo los costos no laborales en 13,5 puntos porcentuales al quitar temas como el Sena o el ICBF–. Para José Manuel Acosta, presidente de Human Capital, hay que hablar mejor de flexibilización salarial, en su sentir el camino más idóneo y seguro para mitigar el costo laboral e incrementar el poder adquisitivo del empleado. La mesa de concertación laboral debería abordar este asunto.
Según Acosta, en los últimos años la masa global de empleados ha perdido poder adquisitivo en el orden de 17%, con énfasis en cargos de gerencia alta (21%) y media (16%), ante el incremento en los impuestos. En cargos del nivel profesional y experto (11%) y en cargos operativos (8%).
Por esto, en las empresas ha venido ganando espacio la remuneración variable en todos los segmentos poblacionales. Además, los beneficios no monetarios y el “salario emocional”, que constituyen una inversión menos gravosa y con mayor impacto social. Seis de cada 10 empresas cuentan con algún esquema de pagos no salariales, esquemas contributivos y “a la carta” que permiten una mejor remuneración.
No obstante, para los segmentos poblacionales más operativos se mantiene el arraigo al incremento del salario mínimo, independientemente de su efecto en el ingreso neto real. 76% de empleados operativos lo consideran relevante. Hay un arraigo cultural enorme en este tema.
Sin duda, el país se ha quedado en un tira y afloje precario, antagónico, retrógrado y politizado. Pero no hay mecanismos para que todos ganen, para trabajar por un propósito común, afirma Acosta. Para él es necesario generar una nueva cultura de relaciones laborales, una nueva dinámica de confianza y objetivos comunes.
“Hay que reformar el Código Sustantivo del Trabajo para superar su obsolescencia normativa y darles más herramientas a las empresas para que manejen sus temas de productividad”, afirma Acosta.
Es la productividad
El rol de la Comisión de Concertación Laboral debería trascender el debate coyuntural del ajuste del salario mínimo legal. Y más bien resolver temas estructurales que permitan que las empresas sean más competitivas, a tiempo que potencien el ingreso de la gente y fomenten el empleo y el crecimiento.Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), esto tiene un nombre: productividad. “El factor más importante del ingreso y del crecimiento de largo plazo, fundamentales para aumentar el bienestar”, como afirma Rosario Córdoba, presidente del CPC.
Según esta entidad, la productividad laboral de Colombia alcanza 23% de la de Estados Unidos y es 6 puntos porcentuales inferior al promedio de América Latina. Solo ha crecido 1% real anual durante las dos últimas décadas, lo cual habla del estancamiento de la productividad laboral en el país.
Por esto, entre las recomendaciones que entregó recientemente el CPC está implementar políticas activas del mercado laboral, articuladas con la Política de Desarrollo Productivo. Esto es, buscar nuevas fuentes de crecimiento de la economía y el empleo.
Colombia crece muy por encima del promedio de la región, pero tiene la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina, solo por detrás de Brasil y 3,6 % por encima del promedio regional. Las tasas actuales de crecimiento no alcanzan para mantener los avances sociales, por lo que hay que trabajar en diversificar el aparato productivo y exportador para limitar la dependencia de los bienes básicos. Una apuesta de crecimiento.
También se requiere trabajar en modernizar y hacer más eficiente el sistema de empleo público, así como la carrera administrativa, como advirtió la Comisión del Gasto Público.
El sector educativo tiene que responder a un nuevo entorno laboral en el que no están alineadas las habilidades adquiridas y las realidades de los mercados, de cara al desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial.
En fin, hay que cambiar la historia de todos los años. El gran debate de la mesa de concertación laboral no puede limitarse a aumentar el salario mínimo, ni a discutir cómo reducir costos, sino en como generar más ingresos. Incluso, para el Consejo Privado de Competitividad, hay que promover un nuevo mecanismo institucional para fijación del salario mínimo.
Sin duda, la negociación del mínimo planteará una prueba de fuego para el Gobierno, que tiene en la equidad una de las principales banderas. Al fin y al cabo, Duque prometió en campaña “menos impuestos más salarios”.
Pero también ofrece una oportunidad para lograr consensos y avances, pues como afirmó la Ministra de Trabajo: “todos tenemos que ceder en algo para que ganemos todos”.
Por: Revista Dinero
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